lunes, 16 de abril de 2012

YPF: mandato histórico nacional popular


"Nestor, mi buen amigo/llename el tanque q el petroleo es argentino/Se cumple un sueño: la expropiación/Y que la chupe el gorila de Rajoy". Un militante en Twitter. 


En el libro La historia desbocada, José Pablo Feinmann destroza el paradigma filosófico hegeliano que dominó la década del sesenta: el sentido dialéctico de la historia. Incisivo y hasta irónico, el filósofo (desde los medios concentrados le ponen el mote de "filósofo K"; desde muchos sectores del peronismo lo tildan de gorila; y el se reivindicó cómo "K"... pero de Kierkegaar, Kant y Kafka. En fin.) afirma que el sentido que la historia tenía en esos años (la marcha irrefutable hacia el socialismo) se pegó un palo terrible contra la realidad.

"Hubo un tiempo en que la historia tenía un sentido. Crecí en medio de ese tiempo (...) No sólo valía la pena luchar por el socialismo porque uno creía en él, sino porque no hacerlo era aislarse de la línea en que la historia progresaba (...) Si uno se hubiese atrevido en ese tiempo a arrojar un concepto como la historia desbocada, no se habría librado de una buena paliza conceptual '¿De qué hablás? ¿Te querés  hacer el loquito? La historia no está desbocada. La historia es un proceso necesario, racional, inmanente a sí mismo. La historia tiene un desarrollo lógico y un sentido. Y ese sentido es dialéctico. La historia deviene dialécticamente. ¿O no leíste a Hegel, animal''".

Si el liberalismo y el capitalismo financiero arruinaron la dialéctica hegeliana, qué decir del destrozo que el neoliberalismo propició en Argentina. La gloriosa JP nunca pudo confluir con los sectores medios y los más vulnerables, el Brujo ganó la pulseada (aunque se fue) y la dictadura militar burguesa se aprovechó de las fisuras que el bloque de clases dominantes propició en el campo nacional y popular, para desatar el genocidio. Y el destrozo del andamiaje productivo.

YPF fue parte de aquella balcanización. La dictadura usó YPF para lograr empréstitos en el exterior (claro que el dinero obtenido afuera nunca se utilizó para robustecer a la empresa hidrocarburíferas, sino para financiar el terrorismo de Estado) y luego fue sometida a un endeudamiento público. Acción cuyo fin último (propiciando insolvencia financiera y patrimonial) era darle validez uno de los dogmas de la dictadura: la ineficiencia estatal. El endeudamiento externo por capital únicamente se multiplicó por doce entre diciembre de 1975 y marzo de 1981, concentrando “… al 31 de marzo de 1984 el 17.65% del total de la deuda externa registrada entonces para el sector público por capital únicamente", según afirma el fallo sobre la deuda externa argentina emitido por el juez federal Dr. Jorge Ballestero el 13 de julio de 2000.

Más tarde llegó el menemismo y la retahíla de privatizaciones. Desde 1999, cuando el menemato acorralado por la crisis asiática y la devaluación de Brasil decidió la venta en bloque de las acciones de YPF (contradiciendo lo que había sido la política de atomizar la venta de acciones para conservar el rumbo de las decisiones estratégicas), el management de YPF cambió: el centro de decisiones estratégicas se mudó de Buenos Aires a Madrid, como explica Nicolás Gadano en el libro Historia del petróleo en Argentina.

De esa manera, la política de inversiones en Argentina quedó condicionada por las decisiones globales del grupo Repsol, que eligió una furtiva distribución de dividendos entre los accionistas (es decir, dinero generado en Argentina que los españoles sacaban del país, sin inversiones de magnitud. Pura ganancia). Básicamente: pérdida absoluta de soberanía sobre los recursos naturales, la exploración y explotación de los mismos.

EL MANDATO HISTÓRICO

Como explica Gadano, el kirchnerismo revirtió el enfoque aperturista y desregulador del menemismo en la industria de los hidrocarburos, y llegó a crear una nueva empresa estatal, ENARSA, que recibió el dominio y control sobre todas las áreas off shore de Argentina.

A fines de 2007, Kirchner impulsó la "argentinización" de la empresa con el ingreso del grupo Petersen, de la familia Eskenazi. El ingreso de accionistas locales le devolvió identidad argentina a YPF y revirtió parcialmente la desnacionalización en el proceso de toma de decisiones de la empresa. Sin embargo, fue insuficiente para revertir la salvaje política de envío de dividendos hacia España, y la falta de inversión en exploración y producción (en 2008, los dividendos distribuidos por YPF entre sus accionistas llegó al record de 2600 millones de dólares, según explicó Gadano en una nota publicada en Le Monde Diplomatique).

Hoy al mediodía, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner parece haberle puesto un ladrillo más a la profundización del modelo, la sintonía fina, con el envío al Congreso del proyecto de ley de "Recuperación de la soberanía hidrocarburíferas", que contempla la expropiación de parte del Estado del 51 por ciento de las acciones de YPF.

Si bien es factible coincidir en que la política energética del kirchnerismo fue oscilante, y que los resultados cuantitativos son, en cierta dimensión, opacos (el “déficit energético” en la balanza fiscal del año pasado caminaba hacia un agrandamiento en 2012), es incontrastable la búsqueda conceptual e ideológica a la que siempre apuntó: la recuperación de soberanía. Durante años, se apuntó principalmente a garantizar el acceso de los usuarios a precios accesibles en medio de un contexto socio-político diferente (salida de la crisis); paulatinamente, con el cambio en la correlación de fuerzas, con el aumento de legitimidad y con el mejoramiento del contexto, se inició la “argentinización”. Ahora, es el turno de profundizar los esfuerzos para retomar un mandato histórico: la búsqueda de soberanía hidrocarburíferas, justo cuando el mundo nos recuerda su rol estratégico todos los días con las guerras por los recursos naturales.    

Más que dialéctica, entonces, se trata del mandato histórico de la tradición nacional popular argentina, cuyo hilo conceptual une al primer peronismo con los Kirchner. Un cruce dialéctico cuyo principales respaldos son el artículo 40 de la Constitución de 1949 (“la propiedad inalienable e imprescriptible” de los recursos naturales) y este proyecto de ley. 

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